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Las instituciones no enfrentan la violencia académica: la gestionan para preservar la estabilidad, no para hacer justicia.

Las defensorías, protocolos y campañas contra la violencia de género son un paso necesario, pero resultan estériles o revictimizantes si no se desmontan las reglas informales que legitiman el abuso de poder en la vida académica.

El consentimiento no puede entenderse como una decisión libre cuando está moldeado por relaciones de poder que distorsionan la agencia.

La impunidad no es sólo la ausencia de sanción. Si una mujer denuncia y no ocurre nada, ese “nada” no es vacío: Es la forma en que la institución toma partido, sin decirlo.

Toda violencia conlleva una pretensión normativa: quien la ejerce actúa como si estuviera haciendo valer una regla, un derecho o una forma de corrección. (Gesa Lindemann).

En la investigación cualitativa, la “implicación” suele verse como una decisión metodológica. Pero cuando estudiamos violencia, no se elige: se impone. Se trata de una implicación forzada. Es cuando el campo pone en riesgo no solo la investigación, sino también a quien investiga.

Observo que en algunas mujeres persiste el deseo de estar con hombres que ‘resuelven’. Lo que no observo es que hablen de los costos: la disponibilidad emocional, sexual y doméstica.

Si sancionar la violencia desestabiliza a una institución, es porque la violencia está integrada al funcionamiento institucional.

No hay violencia académica sostenida sin complicidad institucional.

Las teorías sociológicas que aceptan sus fisuras están más cerca de la realidad social que aquellas obstinadas en explicarlo todo con una "teoría general".

La sociología ha confundido durante décadas la ambición explicativa con superioridad teórica. Y así, muchos sociólogos dejaron de ver el mundo para verse a sí mismos.